Dicha normativa posee un alcance amplio y vinculante, toda vez que su observancia resulta de carácter obligatorio para las entidades del sector público y privado, comprendiendo no únicamente las actividades desarrolladas en las instalaciones del empleador, sino también aquellas que se ejecuten en contextos externos, tales como viajes, capacitaciones, eventos institucionales, actividades sociales y comunicaciones en medios digitales.

Obligaciones principales de los empleadores:

  • Elaborar, implementar y registrar el Protocolo Interno de Prevención y Erradicación de la Discriminación, Violencia y Acoso Laboral, en la plataforma informática que disponga el Ministerio de Trabajo.
  • Diseñar y ejecutar el Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales, obligatorio para empleadores con más de diez (10) trabajadores, y de observancia general para todos en cuanto a la gestión preventiva.
  • Adoptar políticas de cero tolerancia, canales de denuncia accesibles, medidas de protección efectivas y sanciones proporcionales frente a conductas indebidas.
  • Garantizar el derecho a la desconexión digital, salvo excepciones expresamente previstas en la norma.

Conductas reguladas:
El acuerdo establece la prohibición expresa de toda forma de discriminación laboral (por género, orientación sexual, estado de salud, entre otras), así como la violencia y acoso en sus diferentes modalidades: vertical, ascendente y transversal. Asimismo, proscribe la utilización de requisitos discriminatorios en los procesos de selección de personal, tales como pruebas de embarazo, VIH o antecedentes judiciales irrelevantes.

Plazos de cumplimiento:
Los empleadores cuentan con 60 días para adaptar e implementar los protocolos y programas exigidos, mientras que el Ministerio del Trabajo deberá habilitar el módulo informático correspondiente para el registro obligatorio. El incumplimiento de estas obligaciones genera la imposición de sanciones pecuniarias.

Sempértegui Abogados ofrece un servicio especializado en la elaboración e implementación de protocolos y programas de prevención, orientado a asegurar el estricto cumplimiento de la normativa laboral vigente, mitigar riesgos de sanción y consolidar una cultura organizacional basada en el respeto, la inclusión y el bienestar integral.

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